“Artículo 5.- Todo
videojuego, nacional o importado, que se distribuya o comercialice deberá contar con
autorización y
clasificación previa de la
Secretaría, de conformidad con lo que establezca la presente Ley y el Reglamento.”
Hoy amanecimos con una nueva
propuesta legislativa que pretende regular la
comercialización y
distribución de los videojuegos en
México.
Si bien la ley no habla expresamente sobre prohibir ciertos tipos de
videojuegos, hay ciertas lagunas en ella que podrían desembocar en la
censura de ciertos títulos. Aquí te explicamos cómo funciona esta
legislación y cuáles podrían ser sus consecuencias de ser aprobada.
La propuesta fue elaborada por el
Sen. Carlos Puente Salas,
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y busca
vigilar que los videojuegos se mantengan dentro de los límites del
respeto a la vida privada, a la paz moral pública y a la dignidad
personal. Ya conocen el dicho: la libertad de unos termina donde empieza
la de los terceros. En pocas palabras, la Ley federal de clasificación
de videojuegos tiene por objeto “regular la distribución y
comercialización de programas y dispositivos informáticos conocidos como
videojuegos, mediante el establecimiento de categorías de clasificación
que proporcionen información precisa sobre el contenido de los mismos y
determinen la edad o grupo de edad en la que se recomienda su uso”.
Nada mal: hasta aquí suena como un sistema de clasificación como la ESRB
o PEGI. Podríamos amonestar esta sugerencia acaso por ser un sistema
que duplica la función de organizaciones bien establecidas, pues tal vez
sería más útil, para este efecto, unir esfuerzos con otros países para
producir un sistema internacional de clasificación.
¿Videojuegos en español por ley?
Vamos a seguir. Hay un apartado que señala expresamente que, si los
videojuegos no vienen en español, deberá presentarse una traducción. Así
es: si se aprueba la ley, podría ser un primer paso involuntario para
que, por ley, todos los videojuegos que se distribuyan en el país vengan
en nuestro idioma.
En España la lengua es cuestión de estado. Salvaguardar el idioma que
habla el país es lo suficientemente importante como para que se dicten
normas que aseguren que todo el entretenimiento venga doblado al
castellano. Si bien esta medida podría sonar muy negativa para quienes
prefieren consumir contenidos en el idioma original, es un primer paso
para que las compañías comiencen a tomar con más seriedad un mercado.
¿Quieren un ejemplo? Gracias a que España luchó por la inclusión de la
tecla eñe en los teclados es que hoy en día la tenemos nosotros también.
¿Sus condiciones? Si alguien quería vender un teclado en ese país,
debía tener la letra eñe o era ilegal venderlo. Lo que muchos pensaron
que marcaría un atraso tecnológico para España, fue a fin de cuentas un
aliciente para que en todos los países de habla hispana podamos tener
teclados adaptados a nuestro idioma.
En el caso de la Ley federal de clasificación de videojuegos, si bien
su objetivo no es obligar que todo videojuego distribuido tenga opción
de ponerlo en español (lo cual sería, por el contrario de la propuesta
original, un paso muy importante y bastante útil), de forma indirecta
podría promover que todo venga en nuestro idioma. Si las compañías van a
pagar para pasar sus juegos al español para poder presentarlos a la
Secretaría para su clasificación, ¿por qué no de una vez no incluir en
el juego dicha traducción? Tal vez no suena muy alentador con la calidad
actual de los doblajes y adaptaciones, pero recuerden que siempre que
se crea un nuevo mercado también se produce una mayor competencia, lo
que equivale a mayor calidad. Si es necesario traducir todos los juegos a
nuestro idioma, ¿creen que no surgirán estudios especializados para
aprovechar esa nueva oportunidad de negocio? Por lo demás, ya dependerá
de cada compañía si decide incluir el lenguaje original en su título.
Retrasos en su fecha de salida
El proceso es sencillo, aunque siempre burocrático: los dueños de los
derechos de los videojuegos que quieran distribuirlos en nuestro país
deberían suministrar el material del título —en español— para su
evaluación por el organismo federal competente. Una vez realizado este
proceso de clasificación y autorización, sería legal distribuir y vender
el videojuego en cuestión. Si alguien se salta este mecanismo, hay
multas y sanciones como el retiro de los productos o la prohibición de
su venta.
Un punto negativo de todo esto es que el proceso de autorización,
clasificación y registro de los videojuegos dura 15 días hábiles a
partir de que los materiales sean recibidos. Esto quiere decir que en
algunos casos veríamos retrasos y que la fecha de salida de los juegos
sería afectada por la capacidad de la Secretaría para resolver el
proceso de autorización. En términos comerciales, esto puede impactar
negativamente las ventas o favorecer o perjudicar arbitrariamente a
algún título. Imaginen que, por esperar a que autoricen la venta del
juego, el FPS de la competencia sale primero, pues su proceso (por mera
casualidad) tomó menos tiempo.
Si bien este tipo de retrasos podrían evitarse enviando el juego con
anticipación para su clasificación, no sabemos todavía si algunos
distribuidores preferirán esperar antes de enviar los títulos por temor a
que sean filtrados. Ésta es una suposición mía y tal vez ni siquiera
afecte las fechas de lanzamiento; sin embargo, debemos considerar que
cualquier proceso extra a la distribución afectará de una u otra forma
la fecha de salida de un título.
¿Censura?
Vamos con una cita directa de la propuesta de ley:
“Si bien es cierto, esta función que realiza la dependencia
mencionada ha sido cuestionada en diversas ocasiones, por la opinión
pública, artistas, concesionarios o académicos, por considerarla de
“censura”, se ha mantenido, en virtud de que los contenidos que se
difundan independientemente del medio por el que se haga, son un
elemento de orientación y prevención en el cuidado del desarrollo
armónico de la niñez y la juventud; es lo que ha hecho su permanencia y
aceptación por parte de los particulares que se dedican a la actividad
comercial correspondiente”.
Básicamente, lo que propone la ley no es censurar, sino clasificar
los juegos y limitar su venta de acuerdo a esta clasificación. Ciertos
grupos de edades, por ejemplo, no podrían adquirir ciertos títulos sin
estar acompañados por un adulto o incluso estaría prohibido que
adquirieran los que pertenezcan a ciertas clasificaciones. El criterio
para autorizarlos y ordenarlos, en teoría, tiene bases en normas y
estándares internacionales. Vamos a conocerlos:
I. “AA”: Videojuegos aptos para todos los grupos de edades. Estos deben reunir, como mínimo, las siguientes características:
No contienen representaciones de violencia física o psicológica ni situaciones que la promuevan;
No incluyen lenguaje procaz ni sonidos o imágenes que puedan asustar o provocar horror a los niños;
No contienen referencias o imágenes que presenten, promuevan o estimulen
el consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias adictivas;
No contienen referencias o imágenes de carácter sexual, excepto textos,
imágenes o sonidos utilizados con fines exclusivamente educativos o
científicos que no requieran la supervisión u orientación de padres,
tutores o responsables.
II. “A+7”: Videojuegos aptos para niñas y niños mayores de 7 años.
Estos deben reunir las características establecidas para los videojuegos
aptos para todos los grupos de edades, pero pueden incluir agresividad
mínima dentro de un contexto cómico o de fantasía.
III. “B+12”: Videojuegos aptos para adolescentes. Estos pueden
incluirviolencia (sic.) ocasional sin que se haga apología de ella, uso
ligero de lenguaje procaz y/o imágenes o referencias sugeridas más no
manifiestas, sin que constituyan el eje central de la trama.
IV. “B+16”: Videojuegos aptos para adolescentes mayores de 16 años.
Estos pueden incluir violencia y lenguaje procaz, siempre que
contribuyan a una mejor comprensión de la trama, así como imágenes o
referencias sexuales implícitas ocasionales, más no ilustradas, en un
contexto no degradante.Además, pueden contener imágenes o referencias
sobre el consumo moderado de tabaco o alcohol pero sin mostrar su
preparación y en un contexto que no lo promueva.
V. “C”: Videojuegos aptos sólo para mayores de 18 años. Estos pueden
incluir violencia, lenguaje procaz y frases en doble sentido, incluso si
no se justifican en el contexto del videojuego. También pueden incluir
imágenes o referencias de carácter sexual explícitas o imágenes de
consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias adictivas, en un contexto
que no lo promueva o estimule.
VI. “D”: Videojuegos aptos para adultos, con alto grado de violencia,
lenguaje procaz, imágenes sexuales explícitas, y consumo de sustancias
adictivas.
Y éstas son las regulaciones:
Artículo 12.- Queda prohibida la venta, alquiler o transmisión de
videojuegos clasificados con las categorías “C” y “D” a menores de 18
años. Su venta o alquiler requiere la exhibición de identificación
oficial con fotografía.
Los videojuegos clasificados como A+7, B+12, B+16 sólo podrán ser
vendidos o alquilados a menores de edad acompañados de un adulto.
La propuesta de ley también indica que los establecimientos que
vendan videojuegos deberán sujetarse a ciertas disposiciones para que se
cumplan estos señalamientos. Por otro lado, si algún título intenta
escapar a esta clasificación, hay sanciones que evitarán su
comercialización si no han sido autorizados por la autoridad competente.
Según señala la propuesta, esto no transgrede el artículo 5o. de la
Constitución Federal (libertad de comercio), pues la veda parcial está
permitida cuando se ataquen los derechos de un tercero o lo determine
así una resolución gubernativa. Tampoco transgrede la libertad de
expresión, pues supuestamente las limitantes están permitidas para
prevenir situaciones antijurídicas como el ataque a la moral.
El problema aquí es que la ley habla sobre autorización, pero no
menciona si será posible prohibir títulos o bajo qué parámetros un
videojuego se consideraría “no autorizado”. Tal vez sería bueno
esclarecer este punto, pues la incorrecta aplicación de esta ley podría
llevar a la censura. Supuestamente, el objetivo es clasificar los juegos
y evitar que se vendan juegos que no hayan pasado por este proceso.
¿Y el consumidor?
Posiblemente ustedes sólo noten que algunos juegos salen tarde y que
casi todos vienen en español (de la calidad de esta traducción no
podemos adelantar nada todavía). También, si se aprueba esta propuesta,
verían un logotipo institucional con la clasificación en el anverso y
reverso del paquete. La ley también señala que esto deberá mostrarse
previamente a que el título sea transmitido por una red —supongo que se
refiere a descargas digitales. A fin de cuentas, cualquier añadido extra
en la distribución supone un costo (para empezar, tenemos el de la
traducción) y esto también podría impactar el precio final de los
videojuegos vendidos en nuestro país. Añadan también que si son menores
de edad ya no podrán comprar ciertos títulos que seguramente antes
adquirían sin problemas.
¿Es una ley necesaria
Lo ideal sería sumarse a esfuerzos como la ESA para que México se una
a los intentos internacionales por establecer estándares que funcionen
en todos lados. Crear una capa extra —con recursos del estado— y
supeditar la venta de videojuegos según parámetros no muy claros y a un
organismo que todavía no existe no me parece la solución más ideal. ¿Por
qué no hacer acuerdos internacionales con organizaciones especializadas
en este rubro? ¿Para qué crear una secretaría local desde cero si ya
hay estándares? En todo caso, sería mucho más útil proponer leyes que
regulen la venta de juegos de acuerdo a estos estándares y no crear unos
propios. Si bien la propuesta tiene puntos (involuntariamente) buenos,
no es claro si podrá negarse la autorización a algún juego o bajo qué
parámetros, lo que podría desembocar en censura de ciertos títulos, como
ocurre en Alemania. Consideramos que deben aclararse estas inquietudes y
que la ley debe ser evaluada no sólo por legisladores, sino también por
expertos en propiedad intelectual, especialistas en videojuegos, así
como psicólogos y demás profesionales que competan al tema.
Nos gustaría saber su opinión al respecto y ya con toda la información. Si quieren profundizar más,
aquí pueden consultar la propuesta de ley completa.